Hasta octubre de 2013 se han producido desde Estados Unidos hacia Cuba 219 envíos masivos de spam o mensajes basura, que suman un total de 1 055 746 textos no solicitados en la red de telefonía móvil de la Isla, en abierta violación de la ley norteamericana e internacional, reveló la empresa telefónica ETECSA al diario Juventud Rebelde.
La ingeniera Hilda Arias, directora central de Servicios Móviles de ETECSA, aseguró que los ataques no solo provinieron de la red ZunZuneo, una operación encubierta del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba recientemente develada por la agencia de prensa AP, sino que desde el año 2011 los ataques con spam a la red de telefonía cubana también provenían de otros proyectos gubernamentales para el “cambio de régimen en Cuba”, como Martinoticias.
El 13 de abril de 2011 Martinoticias realizó el primero de muchos envíos masivos de SMS hacia Cuba, aseguró Arias. También protagonizan estos ataques otros medios que reciben financiamiento del gobierno de los Estados Unidos para acciones ilegales en la Isla, como las publicaciones digitales Cubasincensura y Diario de Cuba.
Como el proyecto ZunZuneo, Martínoticias ha utilizado números telefónicos obtenidos fraudulentamente, violando con ello la privacidad de los ciudadanos y las propias leyes que regulan las comunicaciones en Estados Unidos.
La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, Etecsa, notificó a más de 200 proveedores de servicios de mensajería móvil -SMS Centers-, comunicándoles de manera oficial que algunas de estas plataformas estaban enviando mensajes no deseados o “spam”, comportamiento usualmente rechazado por los operadores internacionales, añadió la funcionaria.
“Tratamos así de frenar una situación muy dañina para nuestras redes, ya que las congestionan, creando malestar en las personas y provocando daños económicos importantes a la empresa, pues se dejan de percibir ingresos por las llamadas y mensajes que no pueden enviar o recibir los usuarios”, explicó a Juventud Rebelde.
La llamada CAN SPAM Act, Ley Pública 108–187 aprobada por el Congreso estadounidense en diciembre de 2003, y firmada por el presidente George W. Bush, prohíbe claramente enviar mensajes comerciales o de otro tipo sin que el destinatario de los mismos exprese su consentimiento.
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