DALIA GONZÁLEZ DELGADO y SERGIO A. GÓMEZ GALLO
Las medidas tomadas para actualizar la política migratoria cubana responden
al actual momento histórico de la Revolución y tienen en cuenta las
transformaciones económicas y sociales que vive el país, aseguró el secretario
del Consejo de Estado, Homero Acosta, durante un programa especial informativo
transmitido este miércoles por la televisión cubana.
Acosta precisó que hay que entender también las regulaciones que en su
momento dispuso la Revolución en su legítima defensa. "Hoy cambiamos porque
también la Patria está cambiando", sentenció.
"Las medidas aprobadas se han adoptado por decisión soberana del Estado
cubano, no responden a presiones ni imposiciones de nadie. Cuba no busca con
ellas un certificado de buena conducta", afirmó.
Acosta refirió que algunos medios de comunicación han tratado de manipular el
tema, y no reconocen que el movimiento de cubanos hacia el exterior no comenzará
el próximo 14 de enero, cuando entre en vigor la nueva Ley migratoria.
Según datos oficiales, entre el año 2000 y el 31 de agosto del 2012, de los
cubanos que solicitaron el permiso de salida lo recibieron el 99,4 %. Solo el
0,6 % fue denegado por razones fundadas. En ese mismo periodo, viajaron al
exterior por asuntos particulares 941 mil 953 personas, de las cuales no
regresaron 120 mil 275, el 12,8 %. Del total de viajeros, 156 mil 68 eran
graduados universitarios, y de ellos no regresó el 10,9 %. Estas cifras
confirman —dijo— que la gran mayoría de los cubanos que viajan al exterior
regresan al país.
A pesar de eso, el gobierno de Estados Unidos persiste en su política de
subversión contra Cuba, "financia la contrarrevolución interna y externa y
mantiene vigente la Ley de ajuste cubano de 1966, que facilita de forma expedita
la residencia de los cubanos que lleguen por cualquier vía a suelo
norteamericano. Además, aplica la política de pies secos, pies mojados, con lo
cual alienta una emigración ilegal e insegura que ha provocado numerosas
pérdidas de vidas humanas", apuntó Acosta.
Asimismo —agregó— Washington mantiene un programa para sustraer nuestros
médicos, en particular los que colaboran en otros países.
Todo lo cual "obliga a establecer determinadas regulaciones que limiten las
consecuencias negativas que tiene dicha política para el país, en particular las
que contribuyen a la salvaguarda del capital humano formado como resultado de la
obra revolucionaria".
En respuesta a una pregunta de los periodistas sobre las regulaciones para
los viajes de los profesionales, la ministra de Justicia, María Esther Reus,
explicó que esos mecanismos solo se aplicarán para aquellas personas que
realizan "actividades vitales", quienes estarán identificadas por los jefes de
los organismos y las instituciones.
Esto no quiere decir que no puedan viajar por asuntos particulares, precisó.
Solo si deciden emigrar se les impone un límite de tiempo prudencial para la
capacitación de un reemplazo para el cargo. En el caso de los universitarios ese
límite puede extenderse hasta cinco años, y en el caso de los técnicos hasta
tres años.
Según dijo Reus, son los jefes de las entidades los encargados de autorizar
la salida de esos ciudadanos al exterior. La Ministra aseveró que se está
trabajando en un mecanismo, por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social para que los propios sujetos de estas regulaciones conozcan cuáles son
sus derechos y sus deberes.
Homero Acosta aclaró que con la normativa vigente, además del permiso de
salida y la carta de invitación, todos los profesionales tenían que pedir
permiso en su centro de trabajo. A partir del 14 de enero, solo un "universo
limitado de personas" tendrán que solicitar la autorización.
Recalcó que no es que los profesionales sujetos a regulaciones no puedan
viajar, sino que deberán seguir un mecanismo diferenciado.
Estas medidas, propias de Cuba, responden a la legítima defensa del Estado
revolucionario frente a la actitud subversiva de Estados Unidos, reiteró.
El secretario del Consejo de Estado anunció también algunas medidas
adicionales que no aparecen en el Decreto-ley.
Así, se normaliza la entrada temporal en el país de quienes emigraron
ilegalmente después de los acuerdos migratorios de 1994, si han transcurrido más
de ocho años desde su salida. En igual situación estarán los profesionales de la
salud y deportistas de alto rendimiento que abandonaron el país luego de 1990,
si han pasado más de ocho años de ese hecho. Se exceptúan quienes salieron a
través de la Base Naval de Guantánamo por razones de defensa y seguridad
nacional.
Igualmente, se amplían las causas de repatriación, por ejemplo, para los que
salieron del país con menos de 16 años, y también por otras razones
humanitarias. Asimismo, se regularizan las visitas de los que emigraron
ilegalmente con menos de 16 años, en cuyo caso no tienen que esperar los ocho
años.
El secretario del Consejo de Estado explicó que en los últimos años muchas
personas que tienen la condición de emigrados han solicitado su repatriación y
han sido acogidos. En la resolución del Ministro del Interior se fijan los
procedimientos que deben seguir.
Uno de los objetivos esenciales de la actualización de la Ley migratoria
—aseveró Homero— es favorecer las relaciones con la emigración cubana, que con
el paso del tiempo ha cambiado de forma considerable de una eminentemente
política, en los primeros años de la Revolución, a otra motivada por razones
económicas.
En el año 2011 —anotó— viajaron a Cuba más de 400 mil cubanos residentes en
el exterior, de los cuales cerca de 300 mil residían en Estados Unidos. "Esos
mismos que en ese país llaman refugiados y que en realidad son ciudadanos que
residen en ese país por una u otra razón, la mayoría de los cuales mantienen una
posición favorable en sentido general con su país y con la Revolución, y se
oponen de manera mayoritaria a las medidas de hostilidad que mantienen los
Estados Unidos contra Cuba", refirió.
Johana Tablada de la Torre, subdirectora de América del Norte de la
Cancillería cubana, se refirió a la reacción del gobierno de Estados Unidos ante
las medidas tomadas por el Estado cubano respecto al tema migratorio.
William Ostick, portavoz para el Hemisferio Occidental del Departamento de
Estado, se apresuró a aclarar que para viajar a Estados Unidos los cubanos
seguirían necesitando visa.
Esa declaración —aclara Tablada— obvia que el Decreto-ley favorece la
emigración legal, abarata los costos, y fortalece la opción del movimiento legal
de los cubanos.
Mientras, Victoria Nuland, portavoz del Departamento de Estado, afirmó el
mismo día que Cuba publicó la Ley, que no habría cambios en "la letra" de las
legislaciones norteamericanas, en referencia a la Ley de Ajuste cubano.
Según Johana Tablada, esa actitud del gobierno de Washington es coherente con
la política que han mantenido con respecto al tema migratorio desde el triunfo
de la Revolución.
ACLARACIONES DE INTERÉS GENERAL
El coronel Lamberto Fraga Hernández, segundo jefe del Departamento de
Inmigración y Extranjería del MININT, expuso que a partir del 14 de enero,
además de las actuales oficinas de inmigración y extranjería, se habilitarán las
oficinas del carnet de identidad para hacer los trámites del pasaporte. Solo
deben presentarse con el carnet, y en el caso de los menores de edad, con la
carta de consentimiento de los padres.
Fraga recordó que además del pasaporte, para viajar se necesita también la
visa del país a donde se irá.
Respecto a la salida de los varones en edad de Servicio Militar, aclaró que
estos están sujetos a la Ley de Defensa Nacional y tienen que cumplir con las
regulaciones que esta establece.
Por su parte, la ministra de Justicia aclaró que quienes hayan obtenido su
pasaporte antes de la entrada en vigor de la norma, pueden actualizarlo después
del 14 de enero y no necesitan sacar uno nuevo.
Reus explicó también que el decreto-ley deroga la ley 989 sobre la
nacionalización por confiscación de los bienes de las personas que se ausenten
definitivamente del país. A partir de ahora esto estará regulado en las leyes
específicas; por ejemplo, las de la vivienda en la ley general de la vivienda, y
las personas antes de emigrar pueden disponer de sus bienes.
La funcionaria explicó que luego de concluir los 24 meses que se establecen
para que un cubano esté en el exterior, se puede pedir una extensión de ese
plazo por motivos fundamentados. Así, se considera emigrado a aquella persona
que esté más de 24 meses sin autorización.
Para la residencia legal en el exterior se amplían los motivos, que pueden
ser por causas humanitarias y familiares, así como por unión matrimonial no solo
formalizada, según afirmó Reus.
En la despedida a su Santidad Benedicto XVI, el 28 de marzo pasado, el
Presidente cubano expresó: "Reconocemos la contribución patriótica de la
emigración cubana, desde el aporte decisivo a nuestra independencia de los
tabaqueros de Tampa y Cayo Hueso y todos los que fueron sostén de los anhelos de
José Martí, hasta los que se oponen hoy a quienes atacan a Cuba y manipulan el
tema migratorio con fines políticos. Hemos realizado prolongados esfuerzos hacia
la normalización plena de las relaciones de Cuba con su emigración que siente
amor por la Patria y por sus familias y persistiremos en ello por la voluntad
común de nuestra Nación".
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