Foto: Archivo
Ya no son solo las grandes empresas transnacionales y los emporios mediáticos los que desestabilizan y derrocan mandatarios y ejecutivos, sino también las instituciones judiciales y legislativas, que se han convertido en nuevos poderes fácticos, al actuar al margen de las leyes contra los Estados.
A la Justicia y los Parlamentos los han transformado en cuevas de intrigas y preparación de ataques desde donde la derecha corrupta lanza sus zarpazos a los gobiernos progresistas o aquellos países que Estados Unidos considera sus “enemigos” porque se contraponen a sus intereses imperiales.
Latinoamérica es el mejor ejemplo de ello. Hay que recordar lo que le sucedió alexpresidente paraguayo Fernando Lugo en junio de 2012, cuando en el Senado de su país los sometieron a un denominado “juicio político”, y lo destituyeron en pocas horas.
Ese accionar lo acuñaron entonces como “golpe blando o suave”, y es precisamente lo que han querido hacer en varias naciones y pretenden componer actualmente en Venezuela y Brasil: utilizar la Justicia y las Asambleas Nacionales para derrocar al presidente Nicolás Maduro y a su similar Dilma Rousseff.
Corrompen o utilizan a fiscales, abogados, y diputados, y a quien sea necesario,para consumar los propósitos de los sectores conservadores de hacerse con el control de los gobiernos de América Latina, alentados y financiados por Washington.
Son planes bien preparados en el que tienen la voz cantante los monopolios económicos detrás del telón, aunque ya lo hacen casi abiertamente y sin escrúpulo, mientras los medios de prensa bajo su control son los encargados de con la desinformación y las mentiras preparar el terreno para justificar y materializar el asalto final.
Por supuesto que las administraciones de Estados Unidos y sus aliadas de otros países, principalmente europeos, procuran al mismo tiempo hacer declaraciones oficiales que refuercen la necesidad de un “juicio político” contra el “adversario” seleccionado.
Es más que evidente que mandatarios al estilo de Mauricio Macri, de Argentina, con causas pendientes con la justicia, represor, corrupto y violador de los derechos humanos, escapen de toda denuncia en su contra de cualquier juez o diputado honesto.
Por cierto, en las elecciones del domingo venidero en Perú participará como candidato presidencial uno de los políticos más deshonestos de Latinoamérica, el expresidente Alan García, acusado de malversación, narcoindultos y crímenes, entre innumerables causas, y sin hasta el momento ser procesado por alguna de ellas.
Otra aspirante presente en los comicios peruanos, y quien encabeza las encuestas, esKeiko Fujimori, la hija del golpista exmandatario Alberto Fujimori, denunciada por comprar votos en su campaña previa a la consulta popular.
Ambos han sido “perdonados” por la Justicia, y en el caso de Keiko además por el Tribunal Nacional Electoral, bajo la sombrilla protectora de Estados Unidos y la oligarquía nacional.
De seguro los partidos que representan Alan y Keiko seguirán teniendo asientos en el nuevo Congreso peruano, como la derecha recalcitrante regional los tiene en casi la totalidad de los parlamentos de las naciones latinoamericanas, a los que han convertido, junto a la Justicia, en instrumentos perversos contra los Estados.
Hay un solo remedio contra ese virus más mortal que el zika, que hoy azota a la Patria Grande: que la izquierda se una verdaderamente con los pueblos, triunfe, se afiance en los gobiernos, y realice transformaciones radicales que extirpen definitivamente todos los poderes fácticos.
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