El gobierno de Venezuela confirmó ayer la muerte de dos personas durante las jornadas de protesta efectuadas en las ciudades de San Cristóbal y Maracaibo. La primera víctima, de acuerdo con el ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, fue un hombre de 44 años que falleció por una descarga eléctrica provocada por el derribo de una valla publicitaria para instalar una barricada en las calles de San Cristóbal. El segundo deceso corresponde a un activista de 33 años al que le estalló en las manos un artefacto explosivo casero que pretendía disparar contra la policía en otra barricada en Maracaibo.
Sin desconocer el carácter lamentable de estas muertes, y sin soslayar que éstas se inscriben en el contexto de un descontento político, económico y social persistente, las circunstancias en que se presentan obligan a tomar distancia del tratamiento informativo realizado por medios internacionales –particularmente las cadenas televisivas estadunidenses con filiales en América Latina– en torno al conflicto venezolano: a más de mes y medio del inicio de las protestas antigubernamentales en ese país, esos consorcios mediáticos han insistido en equiparar la crisis venezolana con la que se ha vivido recientemente en Ucrania e incluso con la de Siria, y han porfiado en responsabilizar de todas las muertes ocurridas al gobierno de Nicolás Maduro.
La realidad es que en la cifra de 39 personas fallecidas durante las protestas en Venezuela se conjugan tanto las muertes ocurridas a consecuencia de los abusos policiales –que deben ser castigados conforme a derecho, y que han dado paso al inicio de investigaciones e imputaciones directas contra elementos de las corporaciones venezolanas– como los asesinatos de ciudadanos y miembros de las propias fuerzas de seguridad a manos de grupos civiles armados. Entre estas últimas destacan los homicidios de seis guardias nacionales bolivarianos y de otras cuatro personas que fueron alcanzadas por francotiradores mientras limpiaban obstáculos diseminados en las calles. Un elemento de contexto ineludible de esto último es la detención de varias personas relacionadas con la venta de armas y equipamiento a presuntos grupos paramilitares.
Estas consideraciones refuerzan, en suma, la percepción de que los descontentos sociales del país sudamericano son atizados por intereses oscuros e inconfesables y con acciones que no tienen otro fin que exacerbar la violencia, el número de muertes y la inconformidad.
Con el telón de fondo del diálogo nacional convocado por el gobierno de Maduro y de la mediación anunciada por los cancilleres de la Unión de Naciones del Sur, esas prácticas parecieran estar orientadas a desvirtuar la posibilidad de un proceso de paz y a llevar el conflicto venezolano a un punto de no retorno.
En la circunstancia actual, el respaldo internacional puede resultar crucial para que el gobierno de Caracas logre una distensión en el panorama político interno, desactive las lógicas de confrontación y de violencia impulsadas por diversos factores y agentes, y evite que la crisis venezolana escale a niveles aún más indeseables. Dicho respaldo debe involucrar también a las sociedades de los países de la región, incluido el nuestro, y debe incorporar el derrumbe del cerco mediático y de desinformación que han tendido los grandes consorcios de la comunicación en torno a la situación en el país sudamericano.
Editorial de La Jornada
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