Entre el creciente escándalo por el espionaje masivo y las fallas fundamentales en el sistema para impulsar la reforma de salud parece que poco funciona bien en Washington estos días.
El gobierno de Barack Obama y el Congreso federal continúan tratando de controlar el impacto político y diplomático de las revelaciones de los programas de espionaje masivo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), tanto aquí como en el extranjero, con una combinación constantemente cambiante de justificaciones y explicaciones, desde “no sabíamos” hasta “son programas vitales que han protegido al mundo del terrorismo”.
Pero cada explicación provoca más problemas. Si el presidente no sabía que se espiaba a los mandatarios “aliados” de Alemania, México, Brasil, Francia, Italia y, aparentemente, hasta el Vaticano, ¿quién está a cargo? Y si estos programas son para propósitos antiterroristas, ¿por qué están en la mira organizaciones y gente como Ángela Merkel, Dilma Rousseff, Enrique Peña Nieto y el Papa, así como, al parecer, la Organización de Naciones Unidas. Como reveló ayer la agencia Reuters, también el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).
Ahora no son sólo los defensores de las libertades civiles y los gobiernos de otros países, sino las principales empresas de Internet las que están denunciando las operaciones, después de que se reveló esta semana que la NSA intervino los cables de fibra óptica de los centros de datos en el extranjero de Google y Yahoo. Seis de las principales empresas de este ramo –Facebook, Google, Apple, Yahoo, Microsoft y AOL– enviaron una carta a cuatro legisladores elogiando un nuevo proyecto de ley que contempla suspender la recaudación en bruto de llamadas de millones de estadunidenses, nuevos límites para el acceso a comunicaciones privadas por Internet, entre otras reformas (copia de la carta).
La Casa Blanca ha buscado distanciarse de los encargados de inteligencia señalando que el presidente no estaba enterado de las dimensiones de esos programas y que, por tanto, ha ordenado evaluaciones a fondo de éstos, con el objetivo de “equilibrar” las necesidades de seguridad nacional con las garantías de privacidad de los ciudadanos.
Mientras tanto, Obama y su equipo han asegurado a sus “aliados” que ya no son ni serán vigilados (nunca admiten que lo fueron). El jueves se informó que la Casa Blanca ordenó suspender el monitoreo contra el FMI y el BM, siguiendo una orden parecida sobre limitar el espionaje de la ONU.
Ayer, el secretario de Estado, John Kerry, siguiendo ese guión, señaló: “El presidente y yo nos hemos enterado de algunas cosas que han ocurrido de varias maneras, en piloto automático, porque la tecnología existe y la capacidad está ahí. En ciertos casos, algunas acciones han llegado demasiado lejos y vamos a intentar asegurar que no ocurra en el futuro”, dijo en una videoconferencia durante un foro en Londres.
Por su parte, el Congreso ha realizado audiencias con los jefes de inteligencia y promovió dos proyectos de ley por el escándalo. Uno de éstos, impulsado por la senadora demócrata Dianne Feinstein, sólo contempla cambios cosméticos. El segundo es más ambicioso. Alentado por el presidente del Comité Judicial Patrick Leahy y el representante republicano Jim Sensenbrenner –uno de los autores de la Ley Patriota, que autorizó este tipo de programas–, prohibiría el monitoreo masivo de llamadas y de comunicaciones por Internet de los estadunidenses.
Pero la respuesta de la Casa Blanca y de los legisladores ha enfurecido a los directores de inteligencia. El general Keith Alexander, jefe de la NSA, subrayó ayer irritado que los políticos son los que establecen las directrices de las misiones de monitoreo de la NSA. “Nosotros, las agencias de inteligencia, no elaboramos los requisitos. Los que formulan las políticas elaboran los requisitos”, declaró. Recordó que la NSA recaudó datos de inteligencia de líderes políticos cuando éstos solicitaron información sobre “las intenciones de liderazgo” de otros países, reportó The Guardian.
El director de Inteligencia Nacional, James Clapper, afirmó ante el Congreso que la Casa Blanca estaba enterada, en términos generales, del espionaje realizado por la NSA en el extranjero.
Salud
El guión no es tan diferente en el otro frente de batalla que enfrenta la Casa Blanca: el fracaso casi completo de la etapa inaugural de su nuevo sistema de seguros de salud, el corazón de la reforma de salud, que para Obama es la corona de su presidencia. El servicio por Internet, para que millones de ciudadanos obtengan seguros de salud con la reforma, sufrió un colapso desde el primero de octubre, cuando se estrenó. Desde entonces se han descubierto múltiples fallas en lo que se prometía iba a ser un sistema de Internet facilísimo para todo ciudadano, impidiendo el registro de la mayoría que lo ha intentado.
La secretaria de Salud, Kathleen Sebelius, y los voceros de la Casa Blanca han insistido en que Obama no estaba enterado de los problemas con el sitio HealthCare.gov.
“Para ser un hombre inteligente, Obama profesa saber muy poco de un gran número de cosas que están ocurriendo en su gobierno”, comentó Dana Milbank, columnista político del Washington Post, en referencia a los asuntos de espionaje y el sistema de seguros de salud.
No sorprende que tanto el presidente como los legisladores hayan sufrido ante la opinión pública. Según la encuesta más reciente de NBC News/Wall Street Journal, el nivel de aprobación de Obama se desplomó a su nivel más bajo: 42 por ciento, con 51 por ciento reprobando su gestión. Mientras tanto, 63 por ciento desea expulsar a los legisladores (el número más alto jamás registrado) y 74 por ciento cree que el Congreso está empeorando los problemas en lugar de resolverlos.
(Tomado de La Jornada)
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