La posibilidad de un genocidio contra 43 estudiantes normalistas en el estado mexicano de Guerrero, detenidos por la policía el pasado 26 de septiembre y desaparecidos hasta hoy, cobra fuerza en la población mexicana que se manifiesta en las calles del país reclamando por la vida de estos jóvenes de entre 18 y 23 años.
“Los entregamos vivos y los queremos vivos de vuelta” es el reclamo de millones de mexicanos que siguen los acontecimientos en la localidad deAyotnizapa, cuyo alcalde José Luis Abarca Velásquez se encuentra prófugo de la justicia, lo cual indica su responsabilidad en los acontecimientos del pasado mes, cuando murieron seis personas.
Los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzipanga “Raúl Isidro Burgos" fueron vistos con vida por última vez cuando eran apresados por las supuestas fuerzas preventivas del orden, luego de participar en una manifestación pacífica de protesta, y desarmados.
Los futuros maestros resultaron sometidos ante testigos a brutales golpizas por los policías, que los llevaron después al patio del cuartel local. Ante la imposibilidad de dar con sus paraderos, familiares, compañeros de aula y la población en su conjunto tomaron las calles y exigieron la devolución de los jóvenes con vida, una protesta que cunde hoy en los 31 estados de la nación.
Según testigos, sicarios de la localidad persiguieron a los jóvenes desde que llegaron a Iguala. Luego llegaron los uniformados para reprimirlos y comenzó una balacera, con un saldo de seis muertos. Los demás, incluidos los heridos, fueron trasladados a la Comandancia y después entregados a la banda de mafiosos, de acuerdo con versiones de testigos.
LA MAFIA MEXICANA
Un documento de inteligencia de la Procuraduría General de la República (PGR), de circulación restringida y al cual tuvo acceso Univision.com, describe que siete “familias” de narcotraficantes controlan el mapa mexicano, disputándose el control de drogas en el país. "Guerreros Unidos" es solo un grupo dependiente de una de estas organizaciones de delincuentes.
Según Univisión, los capos de la llamada Cosa Nostra mexicana son los Arellano Félix, Osiel Cárdenas Guillén, Joaquín Guzmán Loera, la familia Carrillo Fuentes, Armando Valencia, Pedro Díaz Parada y los hermanos Amezcua Contreras. Ellos, dice la fuente, siembran la muerte y la violencia con acciones que van desde decapitaciones hasta macabras torturas.
De acuerdo con el documento de la PGR, estas grandes organizaciones dedicadas al narcotráfico se asocian de una u otra forma con pequeños grupos o células de colaboradores que operan en distintos niveles amparadas por organizaciones delictivas, especialmente escuelas de sicarios. La batalla también se libra por el control político, incluyendo influencia sobre las policías Ministerial y Municipal, precisan activistas de derechos humanos y otras organizaciones civiles. Los cárteles compran la lealtad de los políticos a cambio de fuertes sumas de dólares.
¿ DÓNDE ESTÁN LOS ESTUDIANTES?
Para analistas, es improbable encontrar con vida a los jóvenes que se manifestaban de manera pacífica en Iguala, debido al clima de violencia y el libre tránsito de bandas mafiosas en esa región.
Aunque el presidente Enrique Peña Nieto solicitó una investigación profunda de los hechos, no hay resultados palpables, salvo las averiguaciones concretadas con algunos militares detenidos, los cuales son títeres del entramado político-narcotráfico en la zona.
El caso de estos muchachos raptados –con repercusión en Naciones Unidas donde se exigió la participación del Estado mexicano para resolverlo y en el Parlamento Europeo que emitirá una resolución en la sesión plenaria de la próxima semana en su sede de Estrasburgo, Francia.- puso sobre el tapete una situación que puede catalogarse de normal en esa nación: la unión de los narcos con los políticos y la policía.
La complicidad entre esas partes fue verificada por el fiscal general del estado de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, quien indicó a la prensa que el director de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares (dado a la fuga), ordenó la detención de los estudiantes y que un sujeto llamado El Chuky, uno de los líderes de "Guerreros Unidos", ordenó el presunto asesinato colectivo.
Blanco dijo que está por verificar si pertenecen a los raptados 28 cuerpos mutilados e incinerados encontrados hace poco en fosas clandestinas localizadas en Pueblo Viejo, Loma de Coyote y otras en La Parota, cerca de Iguala. El Servicio Forense demorará no menos de 15 días en identificar los restos.
Informaciones obtenidas de los detenidos Martín Alejando Macedo Barreda, vendedor de narcóticos, y Marco Antonio Ríos Berver, sicario de "Guerreros Unidos", indican que ellos dos asesinaron a 17 de los muchachos y los enterraron en la parte alta de un cerro de Pueblo Viejo.
Las confesiones de estos individuos también llegaron a la identificación de 30 miembros de la Policía Municipal preventiva de Iguala como miembros de la organización criminal, quienes dieron las pistas para encontrar las fosas clandestinas, aunque su captura no es gran cosa dada que hay implicados de mayor envergadura.
Las pruebas para determinar si pertenecen a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa las efectúan el Departamento de ADN, mapas y perfiles genéticos de la dirección científica de la Policía Federal y la Coordinación General de Servicios Periciales, además de nueve especialistas argentinos, propuestos por organizaciones sociales, que identificaron víctimas de la dictadura de esa nación suramericana.
En un intento por calmar a la opinión pública mexicana y mundial, el PGR, Jesús Murillo Karam, aseguró que no deben apresurarse conclusiones sobre la identidad de las víctimas.
La situación se complica más para las autoridades federales, estaduales y municipales, ya que deben averiguar también quiénes son los encontrados en las seis fosas comunes halladas hasta ahora, y cuál es la responsabilidad de los políticos de Guerrero, e incluso de territorios cercanos.
El vocero de las familias de los desaparecidos, Manuel Martínez, acusó a las autoridades de mantener ocultos a sus hijos. “Saben dónde los tienen y lo único que deben hacer es entregárnoslos vivos”, al tiempo que denunció que luego del hallazgo de los cadáveres la búsqueda está reducida y es caótica.
Los muchachos raptados son campesinos que con enormes sacrificios iniciaron la carrera de Magisterio para tratar de escapar de la miseria. Guerrero es uno de los estados mexicanos con mayor índice de pobreza, a pesar de la promesa del presidente Peña Nieto de “ir a profundidad y tope donde tope”.
El cártel de la droga estaba molesto porque los alumnos, habituales protagonistas de las protestas en reivindicación de los derechos de los profesores y contra el sistema en general, llegaran a su territorio a manifestarse, según indican blogs de la localidad, pues la prensa no se expresa al respecto por temor a represalias.
En Guerrero, precisan esas fuentes, se están investigando ahora por el gobierno estadual a 81 alcaldes que presuntamente están vinculados al cártel local, lo cual indica una burla a la ciudadanía.
Fuentes oficiales indican que durante los primeros nueve meses de 2014 se registraron seis mil 61 asesinatos en México relacionados con el crimen organizado, con mayor incidencia en Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y Estado de México, concentradores del 44% de las muertes.
Desde 2007 fallecieron de manera violenta en Guerrero más de 70 mil personas, indicaron representantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de ese estado a la agencia Ria Novosti esta semana.
Una de las víctimas fue el secretario general del opositor Partido Acción Nacional (PAN) en Guerrero, Braulio Zaragoza, un día después de la captura de los estudiantes.
Ahora, el centro del volcán está en ese estado, famoso por su playa de Acapulco, lo cierto es que en México impera el control de los cárteles que dominan círculos políticos, según deducen expertos.
En opinión del Licenciado José Luiz Ruiz Escalante en su artículo México duele mucho, cada día más, “no sólo es la situación de Iguala, Guerrero, sino la de casi todos los estados de México, con una violencia en aumento, impune, fatal, en complicidad con todos los niveles de gobierno, y autoridades. Estados fallidos, como Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Estado de México, Jalisco, en donde el control real de muchas zonas, municipios, ciudades lo tienen los grupos criminales, las mafias, los carteles de droga, las bandas organizadas, y en dónde las fuerzas armadas no han podido, no han querido o ha resultado inútil intervenir para detener o remediar la escalada violenta y destructiva del crimen. Estados en donde el tejido social se ha desintegrado, para dar paso a una serie de complicidades en donde ahora sabemos están involucrados todos, o casi todos.”
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