Areito Digital
Miami.- El 27 de agosto pasado el Tribunal Federal de Distrito del Distrito de Columbia hizo público su fallo ordenando al Departamento de Estado federal que entregue todos los documentos en su poder relacionados al pago ilegal por agencias federales a 44 periodistas de Miami durante los años 1998 a 2002, los años durante los cuales los Cinco fueron detenidos, encausados, enjuiciados y condenados en esta misma ciudad.
Los pagos a estos periodistas se hicieron directamente por agencias oficiales de propaganda del gobierno federal: la Agencia de Información de Estados Unidos [United States Information Agency], la Junta de Gobernadores sobre Trasmisiones [Broadcasting Board of Governors] y su agencia la Oficina de Trasmisiones a Cuba [Office of Cuba Broadcasting].
El conocimiento sobre este financiamiento ilegal por parte del gobierno federal a estos 44 periodistas en Miami se supo a través de las investigaciones de documentos de las mencionadas agencias de propaganda que durante largos años ha realizado el Comité Nacional a Favor de la Libertad de los Cinco de Estados Unidos. Documentos que fueron obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información [Freedom of Information Act, FOIA] con el imprescindible auxilio de la Asociación del Fondo a Favor de los Derechos Civiles [Partnership for Civil Justice Fund], un bufete progresista radicado en Washington D.C.
Esta orden del tribunal obedece a una demanda judicial presentada en junio pasado por la Asociación del Fondo a Favor de los Derechos Civiles contra el Departamento de Estado para obligar a éste a que entregara los documentos en cuestión, ahora bajo su custodia, al periódico Liberation.
Estos 44 periodistas escribieron, publicaron o reportaron en los órganos de prensa para los que entonces trabajaban miles de artículos “saturando los medios de prensa de Miami con artículos y reportajes hostiles, incendiarios y discriminatorios sobre Cuba y los Cinco durante su arresto y enjuiciamiento en Miami”, como mantiene la demanda judicial presentada en junio pasado.
Al hacerlo, y al estar siendo pagados estos 44 periodistas durante esos años por las agencias de propaganda del gobierno federal, el gobierno de Estados Unidos violó la integridad de los procesos judiciales garantizados por la constitución federal que aseguran un juicio imparcial, en este caso a los Cinco. Además, la Ley Smith-Mundt de 1948 terminantemente prohíbe al gobierno de Estados Unidos financiar actividades que puedan influir o manipular la opinión pública en territorio estadounidense, como fue en este caso, antes y durante el juicio de los Cinco, el propósito del gobierno federal.
Este fallo del Tribunal Federal del Distrito de Columbia es de importancia fundamental en el proceso de apelación extraordinaria –de habeas corpus- de, ahora 3 de los Cinco: Gerardo, Ramón y Antonio. La información que se obtendrá de los documentos que el Departamento de Estado, ha rehusado entregar, y que ahora por esta orden judicial está obligado a hacerlo, formará parte integral del actual proceso de apelación de la defensa en su exigencia que los tribunales declaren nulo el juicio de los Cinco y sus condenas.
El 4to de los Cinco que se mantiene en prisión, Fernando González, recientemente se retiró del proceso de apelación extraordinaria ya que su condena, de 17 años y 9 meses en prisión, finaliza en el mes de febrero próximo, 2014. De continuar Fernando siendo parte del proceso de apelación extraordinaria, las leyes determinan que hubiese tenido que permanecer encarcelado hasta terminarse el mismo.
La orden del Tribunal de Distrito Federal de agosto pasado al Departamento de Estado es terminante. Le ordena a que: 1. “con toda prontitud complete una búsqueda que con suficiente probabilidad produzca todos los documentos que competen en este caso que estén en su posesión, custodia o control…” 2. “…produzca el primer grupo de los documentos en su posesión sujetos a ser hechos públicos bajo la Ley de Libertad de Información [FOIA, por sus siglas en inglés] para el 26 de octubre de 2013, y hacer públicos documentos adicionales cada seis semanas hasta completar este proceso de hacer públicos todos los documentos pertinentes en este caso para el 31 de marzo de 2014”.
La orden judicial también contempla –como ocurre en la inmensa mayoría de los casos que agencias o departamentos federales no quieren hacer público documentos en su poder, como la ley los obliga — la posibilidad que el Departamento de Estado estime por diferentes motivos no hacer público algunos de esos documentos, y establece la fecha del 14 de abril de 2014 como fecha límite para que produzca un índice de todos esos documentos. La orden también establece otras dos fechas para la respuesta del demandante a la postura del Departamento de Estado,
y a su vez para la contra respuesta del Departamento de Estado al demandante; la última de éstas sería el 5 de julio de 2014.
En una nota aclaratoria de este proceso, Carl Messineo, Director Legal de la Asociación del Fondo a Favor de los Derechos Civiles, el bufete encargado de la demanda, mantiene, “Uno podría suponer que esta orden judicial resulte en que el Departamento de Estado produzca de manera satisfactoria y completa todos los documentos requeridos. Pero el no hacerlo es una decisión de carácter político. Más que nada podríamos suponer que esta orden judicial es una victoria inicial en lo que podría ser una alargada batalla legal.”
A pesar de todas los posibles dificultades legales que el Departamento de Estado interponga en el afán del gobierno federal de negarse a cumplir, desde un principio --desde el mismo día que decidió arrestar a los Cinco durante el verano de 1998--, los preceptos constitucionales que le garantizan a los Cinco su condición de hombres libres y un proceso judicial imparcial y transparente, el fallo de la jueza Beryl Howell del Tribunal Federal de Distrito del Distrito de Columbia es un fallo decisivo, una importantísima victoria, para el proceso extraordinario de apelación, ahora de 3 de los Cinco, así como para la extraordinaria campaña política a nivel mundial que inexorablemente lograrán hacer realidad su libertad.-
Los pagos a estos periodistas se hicieron directamente por agencias oficiales de propaganda del gobierno federal: la Agencia de Información de Estados Unidos [United States Information Agency], la Junta de Gobernadores sobre Trasmisiones [Broadcasting Board of Governors] y su agencia la Oficina de Trasmisiones a Cuba [Office of Cuba Broadcasting].
El conocimiento sobre este financiamiento ilegal por parte del gobierno federal a estos 44 periodistas en Miami se supo a través de las investigaciones de documentos de las mencionadas agencias de propaganda que durante largos años ha realizado el Comité Nacional a Favor de la Libertad de los Cinco de Estados Unidos. Documentos que fueron obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información [Freedom of Information Act, FOIA] con el imprescindible auxilio de la Asociación del Fondo a Favor de los Derechos Civiles [Partnership for Civil Justice Fund], un bufete progresista radicado en Washington D.C.
Esta orden del tribunal obedece a una demanda judicial presentada en junio pasado por la Asociación del Fondo a Favor de los Derechos Civiles contra el Departamento de Estado para obligar a éste a que entregara los documentos en cuestión, ahora bajo su custodia, al periódico Liberation.
Estos 44 periodistas escribieron, publicaron o reportaron en los órganos de prensa para los que entonces trabajaban miles de artículos “saturando los medios de prensa de Miami con artículos y reportajes hostiles, incendiarios y discriminatorios sobre Cuba y los Cinco durante su arresto y enjuiciamiento en Miami”, como mantiene la demanda judicial presentada en junio pasado.
Al hacerlo, y al estar siendo pagados estos 44 periodistas durante esos años por las agencias de propaganda del gobierno federal, el gobierno de Estados Unidos violó la integridad de los procesos judiciales garantizados por la constitución federal que aseguran un juicio imparcial, en este caso a los Cinco. Además, la Ley Smith-Mundt de 1948 terminantemente prohíbe al gobierno de Estados Unidos financiar actividades que puedan influir o manipular la opinión pública en territorio estadounidense, como fue en este caso, antes y durante el juicio de los Cinco, el propósito del gobierno federal.
Este fallo del Tribunal Federal del Distrito de Columbia es de importancia fundamental en el proceso de apelación extraordinaria –de habeas corpus- de, ahora 3 de los Cinco: Gerardo, Ramón y Antonio. La información que se obtendrá de los documentos que el Departamento de Estado, ha rehusado entregar, y que ahora por esta orden judicial está obligado a hacerlo, formará parte integral del actual proceso de apelación de la defensa en su exigencia que los tribunales declaren nulo el juicio de los Cinco y sus condenas.
El 4to de los Cinco que se mantiene en prisión, Fernando González, recientemente se retiró del proceso de apelación extraordinaria ya que su condena, de 17 años y 9 meses en prisión, finaliza en el mes de febrero próximo, 2014. De continuar Fernando siendo parte del proceso de apelación extraordinaria, las leyes determinan que hubiese tenido que permanecer encarcelado hasta terminarse el mismo.
La orden del Tribunal de Distrito Federal de agosto pasado al Departamento de Estado es terminante. Le ordena a que: 1. “con toda prontitud complete una búsqueda que con suficiente probabilidad produzca todos los documentos que competen en este caso que estén en su posesión, custodia o control…” 2. “…produzca el primer grupo de los documentos en su posesión sujetos a ser hechos públicos bajo la Ley de Libertad de Información [FOIA, por sus siglas en inglés] para el 26 de octubre de 2013, y hacer públicos documentos adicionales cada seis semanas hasta completar este proceso de hacer públicos todos los documentos pertinentes en este caso para el 31 de marzo de 2014”.
La orden judicial también contempla –como ocurre en la inmensa mayoría de los casos que agencias o departamentos federales no quieren hacer público documentos en su poder, como la ley los obliga — la posibilidad que el Departamento de Estado estime por diferentes motivos no hacer público algunos de esos documentos, y establece la fecha del 14 de abril de 2014 como fecha límite para que produzca un índice de todos esos documentos. La orden también establece otras dos fechas para la respuesta del demandante a la postura del Departamento de Estado,
y a su vez para la contra respuesta del Departamento de Estado al demandante; la última de éstas sería el 5 de julio de 2014.
En una nota aclaratoria de este proceso, Carl Messineo, Director Legal de la Asociación del Fondo a Favor de los Derechos Civiles, el bufete encargado de la demanda, mantiene, “Uno podría suponer que esta orden judicial resulte en que el Departamento de Estado produzca de manera satisfactoria y completa todos los documentos requeridos. Pero el no hacerlo es una decisión de carácter político. Más que nada podríamos suponer que esta orden judicial es una victoria inicial en lo que podría ser una alargada batalla legal.”
A pesar de todas los posibles dificultades legales que el Departamento de Estado interponga en el afán del gobierno federal de negarse a cumplir, desde un principio --desde el mismo día que decidió arrestar a los Cinco durante el verano de 1998--, los preceptos constitucionales que le garantizan a los Cinco su condición de hombres libres y un proceso judicial imparcial y transparente, el fallo de la jueza Beryl Howell del Tribunal Federal de Distrito del Distrito de Columbia es un fallo decisivo, una importantísima victoria, para el proceso extraordinario de apelación, ahora de 3 de los Cinco, así como para la extraordinaria campaña política a nivel mundial que inexorablemente lograrán hacer realidad su libertad.-
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